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“Expresar de forma contínua las líneas de acción encaminadas a llevar a la práctica un proyecto nacional y popular que conciba a la educación como una herramienta genuina para construir un país más justo y solidario”. Esta es la meta por la que lucha el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), pero podría ser sin problemas la proclama de cualquiera de los sindicatos que nuclean a los docentes del estado. Porque el valor que la educación tiene en nuestra sociedad y los derechos de los trabajadores son (teóricamente hablando) los mismos que están en el ámbito privado o en el estatal. El rol de la formación primaria, secundaria y universitaria como instrumento para el pensamiento crítico y el acceso a mayores posibilidades es incuestionable y no transforma esta esencia el hecho de que haya una actividad lucrativa en el medio. Es lógico considerar entonces que igual equivalencia, debería existir entre los derechos de los docentes que trabajan para el estado y aquellos que lo hacen para una institución privada. Más aún considerando que los derechos que fueron conquistando los trabajadores a lo largo de muchas luchas trascienden las fronteras de las esferas particulares y se enmarcan en los derechos básicos reconocidos a nivel internacional.

Sin embargo en las universidades privadas la historia parece haber retrocedido un siglo. Una situación de precarización laboral anacrónica se perpetúa por la conveniencia de los dueños y autoridades de las instituciones y por el miedo y conformismo de los docentes. Contratos por cuatrimestre totalmente arbitrarios, imposibilidad de tomarse licencia paga por enfermedad o embarazo y negación del 82% móvil para la jubilación como tienen los docentes estatales son sólo algunos de los abusos. Pero está comprobado que la presión sindical puede lograr revertir esta situación. El 26 de agosto último Sadop consiguió que el Ministerio de Trabajo, a raíz de un expediente iniciado en 2003, rechazara las impugnaciones que 35 universidades privadas habían interpuesto contra el procedimiento de negociación colectiva. Sin duda significó un logro considerable ya que obligan así a los propietarios de las instituciones a sentarse a negociar para avanzar en el convenio colectivo de trabajo de la actividad.

El mayor problema lo enfrentan los docentes en cada universidad en particular, para enfrentar las reacciones patronales y aún más para ampliar la convocatoria entre los docentes. Ante el primer atisbo de movilización docente en sus entrañas las autoridades de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) desconocieron la personería gremial de Sadop, sin considerar que es la única entidad gremial legalmente autorizada para afiliar, representar y defender a