Fuente: http://amparopoch.wordpress.com/2009/03/29/142/

“La ley civil debe ser compatible con el Estado social. Al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una república representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa de un Estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos”, dijo la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mexicana Olga Sánchez Cordero al fundamentar su voto a favor de la constitucionalidad de la ley de legalización del aborto en el DF el 28 de agosto de 2008. La argumentación de la magistrada remite a la modificación de la Constitución Mexicana en materia religiosa de 1992 en la que se resolvieron dos siglos de constantes tensiones entre Estado e Iglesia. Este cambio siguió el principio jurídico de que las leyes deben tener una correspondencia directa con la realidad social que buscan normar. Impide por lo tanto que la religión sea pretexto para la transgresión de la ley o de la soberanía nacional. Es decir obliga por ejemplo a un ministro de la Corte Suprema a poner por encima de sus creencias religiosas, aunque fuera un ferviente militante católico, la dignidad y el bienestar psicosocial de sus conciudadanos. En el caso de México simplemente se ha hecho más explícito un consenso que caracteriza la mayor parte de las constituciones occidentales: la ley civil y la ley divina tienen muy distintos ámbitos de aplicación. Algo así como el “Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 15-21) pero aggiornado al siglo XXI y por ende extensivo a muchas otras materias además de los impuestos. Porque si la ley divina o más exactamente el dogma de la religión católica fuera el parámetro aceptado mayoritariamente habría que dar por tierra con la teoría del Big Bang y con la teoría de la evolución de Darwin. Todos creeríamos sin dudarlo en el creacionismo y veríamos en el Arca de Noé el origen de la vida en la tierra. La sola mención de posibles antepasados homínidos debería ser razón para el ostracismo científico por contrariar la pureza de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Las sociedades prohibirían masivamente los métodos de control de la natalidad por ser contrarios al designio divino, la prohibición de comulgar haría que nadie se divorciara y en las escuelas no se impartiría educación sexual para no escandalizar a los niños.

Lejos de este delirio místico en Occidente no ha prevalecido la teocracia sino el Estado laico soberano y en particular la forma de gobierno republicana que salvaguarda la voluntad de la mayoría por medio de la división de poderes. En el caso de la ciudad de México justamente porque el Estado asume la responsabilidad de proteger la vida como bien jurídico fundamental es que se ha logrado el consenso ético que respete la libre determinación de la mujer y salvaguarde al feto a partir del momento de viabilidad determinado por la ciencia. Este consenso se cristalizó en la decisión del máximo tribunal: ocho ministros contra tres ratificaron la adecuación a la ley suprema de la norma sancionada en la capital a contramano del gobierno federal y del nacional. El mismo presidente de la nación, Felipe Calderón, había impulsado la controversia iniciada por medio de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que se impusiera precedente jurídico para legalizar el aborto en otros estados. Se abrió entonces un período de audiencias públicas en el que se escucharon 40 posiciones a favor y 40 en contra.

La Iglesia mexicana y los diversos grupos católicos tuvieron la oportunidad de esgrimir sus argumentos de forma civilizada, aceptando abrir el debate sobre un tema tan conflictivo sin recurrir a agravios ni descalificaciones. De hecho José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recurre, en su ponencia citada en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, a la argumentación científica. Sostiene que “de acuerdo con la genética, en el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo existen células con ADN único y distinto a las células que le dieron origen. En cuanto hay una forma de vida distinta a la que la engendró, existe un nuevo ser humano, y a partir de ese momento goza de la relevancia constitucional referida”. Aclara sin embargo que no tiene la misma relevancia cualquier célula porque lo que la Constitución tutela es el núcleo esencial de la vida humana, esto es, el conjunto de células sin las cuáles no puede existir un ser humano. “Ese núcleo esencial de la vida humana, en el caso del producto de la concepción, es el embrión. Sin este conjunto de células, por pocas que sean, no puede existir esa forma de vida humana distinta a la que lo originó. Por tanto, el embrión está constitucionalmente protegido al ser el núcleo esencial de la vida humana del concebido”.

La argumentación de Soberanes permite dejar en claro dos cuestiones fundamentales. La primera es que es posible destrabar el aparente diálogo de sordos entre posiciones intolerantes a favor y en contra si recurrimos al lenguaje racional de la genética, la embriología, la bioética, la psicología, la sociología, el derecho y demás disciplinas necesarias para abordar el fenómeno. Por lo tanto se admite la inadecuación de la argumentación exclusivamente desde el dogma religioso porque es evidente que su inconsistencia obtura el diálogo. Una vez por lo tanto que los interlocutores aceptan abstraerse de sus convicciones religiosas y se someten a la rigurosidad de argumentos contrastables es posible sopesar los pros y contras del dilema ético. Porque no caben dudas de que se trata de un dilema ético: cualquiera sea la resolución adoptada implica consecuencias físicas, emocionales y sociales.

La segunda cuestión es que la ciencia no es neutra y por sí sola no explica nada. Está cruzada de ideología e intereses, porque no hablamos de investigadores y microscopios solos en el universo sino de programas de investigaciones financiados por estados, laboratorios u organismos internacionales. No hablamos de investigadores que no opinan nada sobre nada sino de actores sociales con una formación y cosmovisión determinada. Así pues en la vereda opuesta a Soberanes se encuentra Ricardo Tapia, investigador Emérito del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Considera que “aparentemente sin acudir al concepto religioso de la inserción del alma en el momento de la fecundación (aunque este concepto está implícito en el argumento), la idea del núcleo esencial de la vida se utiliza para sostener que el cigoto y el embrión es una persona con los mismos derechos que la mujer embarazada. Así lo expresó el Papa Juan Pablo II en 1998, en la Academia Pontificia de Ciencias: “El genoma humano posee una dignidad que tiene su fundamento en el alma, de modo que por la unión del cuerpo y el espíritu el genoma humano tiene no sólo un significado biológico sino que es portador de una dignidad antropológica que tiene su fundamento en el alma espiritual que lo impregna y vivifica”. Es claro así que bajo estas premisas la idea de que el cigoto (estructura de una sola célula) tiene dignidad humana no puede defenderse a menos que se acepte que la molécula del ADN tiene alma. Además, habría que concluir que la persona, o el alma, está ya presente en la molécula del ADN, de lo cual se sigue otra conclusión: como el óvulo y el espermatozoide son haploides y tienen la mitad del ADN, es necesario postular que el óvulo tiene la mitad del alma, o de la persona, y el espermatozoide tiene la otra mitad.”

A pesar del amplio debate propiciado, una vez conocido el fallo de la CSJN mexicana el cardenal Norberto Rivera dio la orden de que sonaran las campanas de la catedral por media hora en señal de duelo. Esta fue la declaración de la Arquidiócesis del DF: “Contemplamos con pesar el egoísmo y mezquindad humana que defiende la muerte antes de la vida y por ello elevamos nuestras súplicas a través de la oración y del sonido de las campanas para que, en señal de duelo, luto y penitencia por la matanza indiscriminada de infantes, pidamos perdón a Dios por quienes han promovido, votado y ratificado esta ley asesina”. Este discurso digno de una iglesia medieval es intolerante y prepotente porque se arroga la posesión de la verdad. La iglesia se coloca como un juez superior por encima de la capacidad de juicio de la mayoría de los ministros de la CSJN y de todas las personas que no concuerdan con su visión y su ideología religiosa, pidiendo perdón a un Dios que no todos reconocen.

Desde la postura anti penalización del aborto, se podría argumentar también con ese nivel de agresión e irracionalidad que la iglesia católica se opone porque le conviene seguir controlando el cuerpo de la mujer. Porque le conviene que miles sigan muriendo desangradas o por infecciones causadas por el uso de tallos de perejil o agujas de tejer o que quizás maten a sus hijos recién nacidos o que una nena de 10 años violada sufra secuelas psicológicas irreparables. Porque el discurso retrógrado logra perpetuar un miedo ancestral a la condena divina y de esa forma mantener vigente un poder en decadencia que se sustenta en la injusticia social. Pero esta acusación utiliza el mismo recurso confrontativo que la posición católica intolerante porque recae en una visión maniquea y prejuiciosa. Es un argumento que pierde peso porque ataca y tergiversa la posición contraria sin tratar de entenderla.

Es más que comprensible que la Iglesia como institución y los católicos militantes impulsen una campaña de férrea oposición al aborto porque interpretan que se ataca la manifestación divina por excelencia. La doctrina católica considera que el mayor de los milagros es el surgimiento de la vida y por tanto es lógico que movilicen a sus fieles para impedir que se despenalice. Lo que no es lógico ni admisible en una democracia es que se busque impedir o censurar el debate sobre el tema. De acuerdo con una encuesta realizada en abril de 2008 por la empresa Ipsos-Bimsa, a solicitud de la ONG Population Council, el 63 por ciento de los habitantes de la ciudad de México estuvo de acuerdo con las modificaciones legales. El 66 por ciento opinó que la nueva ley es un avance para la sociedad mexicana, igual porcentaje consideró que se evita así que las mujeres recurran a abortos clandestinos e inseguros, el 77 por ciento afirmó que esa normativa beneficia de manera especial a las más pobres y el 69 está de acuerdo en que se extendiera a todos los estados de la República Mexicana.

Así como en México una gran parte de la población de otros países no está de acuerdo con la postura de la Iglesia. De hecho hay grupos dentro de la misma iglesia que no acata la posición institucional: la Red Latinoamericana de Católicas por el derecho a decidir sostiene el pensamiento teológico que reconoce la validez moral de las decisiones tomadas por las mujeres en el campo reproductivo, desculpabilizando a las mismas incluso cuando deciden abortar.

Hasta en España, patria de los Reyes Católicos y el último país en disolverse la Inquisición, el gobierno socialista de Zapatero aprobó el 26 de septiembre último en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y lo remitirá a las Cortes para su tramitación. Como en el caso mexicano, el texto aprobado establece que la vida prenatal es un bien jurídico que merece una protección eficaz pero que se articula a través de la voluntad de las mujeres y no en contra. Hubo lógicamente multitudinarias manifestaciones en contra pero hasta ahora se impuso el apoyo mayoritario a un gobierno elegido democráticamente.

En el caso de Argentina, según datos recopilados por la periodista Mariana Carvajal en el libro “El aborto en debate”, cada año se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo y muere un promedio de 100 mujeres por abortos inseguros, mientras que muchas más quedan con graves lesiones en su aparato reproductor. Sin embargo la autora advierte que “hay cierto temor al poder simbólico de la jerarquía católica, especialmente en las provincias, y también cierta sensación de que va a caer mal el tema, que sigue siendo tabú”. La presión de los grupos fundamentalistas para que nada cambie es tan fuerte que han logrado una tendenciosa cobertura mediática en casos emblemáticos como el de L.M.R., una adolescente con discapacidad mental de Guernica. En 2006 la joven tuvo que enfrentar un tortuoso camino legal y una exposición absurda para reclamar la interrupción legal de un embarazo producto de un abuso sexual y que finalmente debió realizarse en un circuito clandestino. A pesar de que era una de las dos excepciones contempladas por el Código Penal actual la perversa campaña anti abortista pasó por encima de la ley, manipuló la información y culpabilizó a la víctima. En otro caso paradójico relatado por Carvajal, Ana María Acevedo, una joven de 20 años, madre de tres hijos, murió en un hospital santafesino sin tratamiento para su cáncer porque los médicos le negaron un aborto terapéutico y no quisieron aplicarle quimioterapia porque estaba embarazada.

Evidentemente en Argentina los lazos de la iglesia católica con el poder, sobre todo en las provincias, junto con el rol funcional de los medios concentrados han logrado evitar que el debate se posicione en la agenda, a diferencia de las experiencias en México, España y Uruguay. Pero no es que no se esté moviendo el tema en la sociedad civil: recientemente se realizó el Encuentro Nacional de mujeres en Tucumán donde mujeres militantes de gremios, comisiones vecinales, pueblos originarios, derechos humanos, agrupaciones de mujeres, cooperadoras escolares y partidos políticos sostuvieron, entre otros reclamos, el derecho al aborto seguro. A nivel parlamentario, según datos de Carvajal, hay un proyecto de ley que plantea la despenalización, elaborado en forma conjunta por más de 200 organizaciones sociales presentado en el Congreso con la firma de diputados de las principales fuerzas políticas, aunque aún no ha sido debatido.

La negación a que sea la sociedad en su conjunto la que decida sobre el tema esconde lo hipócrita de la situación. Al aborto recurren por igual mujeres de clase alta, media o baja, fervientes católicas, judías o ateas, discursivamente a favor o en contra de la despenalización. La diferencia reside en el dinero con que se cuente: se necesitan por lo menos $1500 pesos para un procedimiento en condiciones de mínima asepsia. Mientras que muchas mujeres pueden interrumpir un embarazo no deseado sin riesgo para su vida y manteniéndolo oculto, otras miles sufren la injusticia de un Estado que se desentiende y las persigue.

El aborto siempre es traumático. Es la última posibilidad a la que recurre una mujer por cuestiones emocionales, económicas o de salud y es una decisión extremadamente difícil de tomar, que inevitablemente deja consecuencias. Por eso el objetivo de una política de salud justa debiera ser que ninguna mujer tenga que realizar un solo aborto pero que se garanticen condiciones dignas para que pueda realizar el procedimiento si decide hacerlo. Es responsabilidad del Estado garantizar la salud reproductiva: debe asignar los recursos necesarios para programas de educación sexual para que las mujeres puedan decidir, asegurar que todo hospital público suministre anticonceptivos para que no tengan que abortar y despenalizar el aborto para que no haya ni una muerte más.